   Por Gabriel Vivanco Ocampo Presidente Colegio de Ingenieros Alimentos de Chile CIACh AG  n las últimas semanas, el debate legislativo en torno a los denominados “alimentos ultraprocesados” ha vuelto a instalarse en la agenda pública. Y como Colegio de Ingenieros en Alimentos de Chile, valoramos profundamente que el Senado de la República se preocupe por la salud de la población y busque contribuir a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, esta discusión representa también una oportunidad, y una responsabilidad, para legislar con rigor técnico, evitando simplificaciones conceptuales -como referirse al concepto de “alimentos ultraprocesados”- que pueden terminar generando más confusión que soluciones efectivas. El concepto de “alimentos ultraprocesados”, originado en la clasificación NOVA desarrollada en Brasil, corresponde a una herramienta de análisis nutricional utilizada principalmente en estudios poblacionales, y no forma parte de la ciencia de la ingeniería de alimentos, no está reconocida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) chileno, ni constituye una categoría regulatoria en instancias internacionales, como el Codex Alimentarius, la FDA o la EFSA. Se trata de una clasificación académica que, al trasladarse directamente al ámbito legislativo sin adaptación técnica, pierde precisión operativa y genera ambigüedad regulatoria. Desde la ingeniería de alimentos, queremos enfatizar que el procesamiento no es sinónimo de riesgo. Por el contrario, ha sido históricamente una de las herramientas más relevantes para proteger la salud pública. Tecnologías como la pasteurización, la esterilización, la refrigeración, la congelación o la formulación controlada han permitido reducir de manera significativa las enfermedades transmitidas por alimentos, asegurar el abastecimiento, disminuir pérdidas y garantizar inocuidad y calidad para millones de personas. Evaluar un alimento únicamente por su nivel de procesamiento, sin considerar su composición, dosis de consumo, frecuencia y contexto dietario, constituye una aproximación incompleta desde el punto de vista sanitario. La evidencia científica es clara en un punto fundamental: los efectos de la alimentación sobre la salud no dependen de un alimento aislado ni de una categoría simplificada, sino de patrones de consumo. La relación entre dieta y enfermedades crónicas es multifactorial, influida por hábitos alimentarios, estilo de vida, actividad física, contexto socioeconómico y educación. Por ello, centrar la discusión pública en la demonización de ciertos productos o procesos productivos no solo es ineficaz, sino que puede desviar la atención de intervenciones realmente transformadoras. Chile cuenta hoy con uno de los marcos regulatorios más robustos de la región en materia de alimentos, pues el Reglamento Sanitario de los Alimentos Chilenos (DS 977) regula exhaustivamente ingredientes, aditivos, procesos productivos, límites de seguridad, rotulación y publicidad. Además establece exigencias claras para la declaración nutricional, advertencias para nutrientes críticos y restricciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Este sistema, alineado con estándares internacionales, no es perfecto, pero sí constituye una base sólida que puede y debe ser fortalecida. Desde nuestra perspectiva, el principal desafío no es la falta de normas, sino su cumplimiento efectivo. Fortalecer la fiscalización del Estado resulta clave para proteger a los consumidores y asegurar condiciones de competencia justa. Cuando un producto no cumple con lo declarado en su etiquetado, cuando se utilizan ingredientes no autorizados o se exceden límites permitidos, no estamos frente a un problema conceptual, sino frente a una infracción concreta que debe ser sancionada con rigor. Las sanciones deben ser claras, proporcionales y efectivas, de modo que el incumplimiento normativo no resulte nunca más conveniente que el cumplimiento. Al mismo tiempo, es indispensable avanzar decididamente en educación alimentaria. Una población informada, capaz de interpretar el etiquetado, comprender la importancia de la moderación y construir hábitos de alimentación equilibrada, constituye la herramienta más poderosa para mejorar la salud pública a largo plazo. La educación alimentaria no puede basarse en mensajes alarmistas ni en categorías confusas; debe ser clara, coherente y sustentada en evidencia científica. Educar es empoderar, no generar temor. Satanizar a la industria alimentaria nacional tampoco contribuye a este objetivo. La industria es diversa, dinámica y altamente regulada. En ella trabajan miles de profesionales, ingenieros en alimentos, técnicos, operarios y científicos, todos ellos comprometidos con la inocuidad, la calidad y la mejora continua. Del mismo modo, estigmatizar procesos o productos sin distinción afecta la confianza pública, debilita la innovación y puede tener consecuencias económicas y sociales relevantes, sin necesariamente traducirse en mejoras reales en salud. Como CIACH, creemos firmemente que legislar sobre alimentos exige una mirada técnica, interdisciplinaria y proporcional al riesgo. Por ende, las clasificaciones de peligro, como las utilizadas por organismos internacionales, no deben confundirse con evaluaciones de riesgo, pues no todo lo que representa un peligro potencial implica el mismo nivel de riesgo en condiciones normales de consumo. Ignorar esta distinción puede conducir a decisiones regulatorias desalineadas con la evidencia y difíciles de implementar. El llamado que hacemos al Senado y a los distintos actores involucrados es a aprovechar este debate para fortalecer lo que ya existe: mejorar la fiscalización, actualizar periódicamente la normativa en función de la evidencia, reforzar la educación alimentaria en la sociedad y promover el consumo informado y consciente. Antes de crear nuevas categorías regulatorias, resulta imprescindible evaluar la eficacia del marco vigente y asegurar coherencia técnica y jurídica. La protección de la salud pública es un objetivo compartido. Lograrlo requiere menos eslóganes y más ciencia; menos estigmatización y más educación; menos ambigüedad conceptual y más fiscalización efectiva. Consecuentemente, desde el Colegio de Ingenieros Alimentos de Chile reiteramos nuestra total disposición a colaborar técnicamente con el Poder Legislativo, aportando desde la ingeniería, la ciencia y la experiencia regulatoria, para construir políticas públicas sólidas, aplicables y verdaderamente beneficiosas para la población. Legislar con evidencia no solo es una obligación técnica: es una señal de responsabilidad con la ciudadanía y con el futuro de nuestra alimentación. GALERIA OTRAS COLUMNAS
0 Comentarios
Deja una respuesta. |
Archivos
Febrero 2026
Categorías
|
Canal RSS