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Opinión: la inconveniencia de legislar en alimentos sin estar bien informado

2/26/2026

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Por Gabriel Vivanco Ocampo
Presidente del Colegio de Ingenieros Alimentos de Chile
Letra R
ecientemente, la mesa técnica del Colegio de Ingenieros Alimentos de Chile comunicó a la opinión pública en general, que frente a iniciativas legislativas que buscan regular a los denominados “alimentos ultraprocesados”, es esencial que dichas discusiones se basen en evidencia científica, coherencia regulatoria y definiciones técnicamente válidas.
 
Esto, porque el término “ultraprocesado” no forma parte de la ciencia de la ingeniería de alimentos, ni tampoco del marco regulatorio chileno o internacional vigente.
 
De hecho, este término no está reconocido en nuestro Reglamento Sanitario de los Alimentos, RSA, ni tampoco constituye una categoría normativa en el Codex Alimentarius ni en las reglas de la Food and Drug Administration FDA o de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA.
 
Su origen corresponde a clasificaciones académicas de carácter nutricional diseñadas para análisis poblacionales y no para regulación sanitaria ni evaluación de riesgo.
 
Además, desde el punto de vista técnico, el concepto “ultraprocesado” carece de definición operativa, no establece criterios medibles ni fiscalizables, y mezcla arbitrariamente variables nutricionales, sociales y culturales con procesos industriales.
 
En este punto, debemos recordar que el procesamiento de alimentos no es sinónimo de riesgo.
 
Por el contrario, tecnologías como pasteurización, esterilización, congelación, deshidratación, extrusión y formulación controlada han sido fundamentales para, entre otras cosas, garantizar la inocuidad alimentaria, reducir enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), asegurar disponibilidad y estabilidad del suministro, y proteger la salud de los consumidores.
 
La evaluación sanitaria, por lo tanto, debe centrarse en el riesgo real, no en el nivel de procesamiento per se.
 
La evidencia científica demuestra, además, que los efectos en salud asociados a la alimentación dependen del patrón de consumo, cantidad, frecuencia y condiciones individuales de las personas.
 
Por ende, las enfermedades crónicas no transmisibles no pueden atribuirse a un alimento aislado, ni a categorías simplificadas, sino que a múltiples determinantes.
 
También es importante recalcar que la educación alimentaria basada en evidencia resulta más efectiva que la estigmatización de alimentos o procesos productivos.
 
Chile cuenta, además, con un Reglamento Sanitario de los Alimentos robusto y alineado con estándares internacionales, que regula ingredientes y aditivos, procesos productivos, límites de seguridad y rotulación y publicidad.
 
De este modo, antes de crear nuevas categorías regulatorias, resulta imprescindible evaluar la eficacia del marco existente y resguardar la coherencia técnica y jurídica.
 
Como mesa técnica de CIACh, recalcamos enfáticamente que la incorporación de conceptos ambiguos en la legislación, puede generar inseguridad jurídica, dificultades de fiscalización, barreras técnicas al comercio, impacto negativo en la industria alimentaria nacional y desinformación en la ciudadanía.
 
Además, es conveniente recordarle tanto al poder legislativo como a las autoridades y a la opinión pública en general, que la ingeniería en alimentos es la única disciplina especializada que integra ciencia, tecnología, inocuidad, calidad y gestión de riesgos, a lo largo de toda la cadena alimentaria.
 
Por ende, excluir a este gremio y a sus distinguidos profesionales, del debate técnico, debilita la calidad de las políticas públicas en materia de alimentos.
 
En tal sentido, el CIACh propone enfocar la regulación en evaluación de riesgo real, fortalecer la educación alimentaria y el consumo informado, construir políticas públicas basadas en evidencia científica interdisciplinaria e incorporar formalmente a los ingenieros en alimentos en la discusión legislativa.
 
Debemos recordar que la protección efectiva de la salud pública requiere rigor científico, coherencia regulatoria y diálogo técnico real, porque legislar sobre alimentos exige escuchar a quienes los diseñan, producen y controlan desde la ciencia y la ingeniería.
 
Asimismo, debe brindarse mayor información a la población en general para que puedan realizar consumos informados e inteligentes, con miras a la mejora de la salud pública en el largo plazo.

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