 Foto: Francisco Javier González Salvo   asta la sede Presidente Errázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez llegaron expertos en salud, políticas públicas y agentes de la industria alimentaria para ser parte del seminario “De Chile al mundo: lecciones de la Ley de Etiquetado de Alimentos a diez años desde su implementación”. En el encuentro, organizado por la Escuela de Negocios de la UAI y el INTA de la Universidad de Chile, se presentaron los principales resultados del estudio The impact of Chile's multipronged food labelling and advertising law on early childhood excess weight: a cohort difference-in-differences study, publicado recientemente en la prestigiosa revista científica The Lancet. PROTECCIÓN PRECOZ Y EFECTIVA La jornada se inauguró con la presentación de la académica de la Escuela de Negocios UAI Nieves Valdés, coautora de la investigación, la Ley N° 20.606 sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad —comúnmente conocida como Ley de Etiquetado— redujo significativamente el exceso de peso entre 1,9 y 2,9% y el puntaje z de IMC ajustado por edad entre los niños y niñas expuestos a la ley durante los niveles escolares iniciales —pre-kínder, kínder y primero básico—. Valdés también explicó que estos efectos son más pronunciados cuando la exposición comenzó más temprano, en niños y niñas de madres con mayor nivel educativo, con menor peso al nacer, que asisten a escuelas privadas subvencionadas y que viven en zonas urbanas. Por su parte, la coautora Camila Corvalán, académica e investigadora del INTA de la Universidad de Chile, afirmó que, tras la implementación de la normativa, los sellos son comprendidos por los consumidores, han incentivado cambios en las decisiones de compra y han impulsado a la industria a reformular productos reduciendo nutrientes críticos como sodio, azúcares y grasas saturadas. Además, puntualizó que las compras de alimentos con sellos han disminuido y que se observan cambios positivos en los hábitos de consumo infantil, especialmente en el ámbito escolar. A continuación, Guillermo Paraje, académico e investigador de la Escuela de Negocios UAI, lideró la investigación, analizó los efectos económicos de la normativa e indicó que no existen razones económicas para pensar que la ley tuvo un impacto sobre la sostenibilidad de las empresas, sino únicamente sobre los presupuestos de los hogares. “La participación en el presupuesto de los hogares de alimentos que tenían sellos pasó de casi un 43% a un 33%, es decir, los hogares dejaron de comprar alimentos con sellos”, precisó el investigador, haciendo hincapié en que “esto no quiere decir que dejaran de comprarlos, sino que pasaron de un tipo de alimentos a otros. Y esta caída en el presupuesto destinado a alimentos con sellos, básicamente, no tuvo diferencias según nivel socioeconómico”. DESAFÍOS QUE PERSISTEN Luego de la presentación del estudio se realizó un panel integrado por Jaime Mañalich, exministro de Salud e investigador principal en Clapes UC; Guido Girardi, impulsor de la ley y vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, y Daniela Godoy, oficial principal de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO para ALC, quienes se refirieron a cómo se debe seguir avanzando en términos de políticas públicas una vez ya demostrada la efectividad de esta normativa. Godoy señaló que el principal reto actualmente es mejorar el acceso económico a dietas saludables, que deben cumplir cuatro principios: ser adecuadas, balanceadas, moderadas y diversas. También advirtió que aún faltan medidas que promuevan dietas más adecuadas y diversas. Para ello, es vital fortalecer los programas de alimentación escolar mediante cambios en los menús e incorporar productos de la agricultura familiar y de la pesca artesanal. “Esto permitiría ofrecer alimentos frescos, mejorar la aceptación por parte de niños y niñas y generar ingresos para comunidades locales, especialmente para las mujeres”, señaló. Además, propuso reforzar políticas de protección social y avanzar en subsidios para frutas y verduras destinados a grupos más vulnerables, con el fin de facilitar el acceso a dietas saludables. Por su parte, Jaime Mañalich planteó que el siguiente paso en materia de políticas públicas debería ser implementar un etiquetado específico para los alimentos ultraprocesados, incluyendo los que no son envasados. También propuso revisar y fortalecer los llamados impuestos saludables, pues “una reforma tributaria que combine mayores gravámenes a productos poco saludables e incentivos o subsidios para opciones más saludables, podría ser la respuesta a generar cambios significativos en los patrones de consumo”, destacó. Finalmente, Guido Girardi sostuvo que los sistemas alimentarios deberán transformarse para enfrentar simultáneamente los desafíos de la seguridad alimentaria y el cambio climático. En ese contexto, el exsenador y principal promotor de la Ley de Etiquetado, destacó el potencial de Chile para desarrollar alimentos sostenibles basados en recursos marinos, como la acuicultura y las algas. "Aquí finalmente no importa cuál sea la ideología, pues si no queremos enfrentar un desastre, vamos a tener que ponernos a trabajar en serio", concluyó Girardi. GALERÍA
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 Foto: FreePik.   no de los pilares más trascendentales para la producción, distribución y comercialización segura de alimentos y bebidas, radica en garantizar de manera precisa y permanente, que estos no causarán ningún daño, dolencia o perjuicio a quienes los consumen a diario. Esta propiedad esencial, conocida como inocuidad, es uno de los principales objetivos que debe trazarse la sociedad en su conjunto, tanto a nivel de autoridades gubernamentales, como de empresas, organismos internacionales, instituciones académicas y productores primarios, pues hoy más que nunca el mundo necesita alimentos nutritivos y saludables para cubrir de mejor forma las necesidades de una población que crece y, al mismo tiempo, envejece. Y en este desafiante contexto siempre es esencial recordar que, tal como plantean FAO y la Organización Mundial de la Salud, "si algo no es inocuo, entonces no es alimento". Aunque todos estos conceptos parecen extremadamente lógicos, racionales y obvios. La cruda realidad se encarga de recordarnos que, de cuando en cuando, no todos los actores involucrados en esta cadena parecen actuar o razonar de esta misma manera. De hecho, aún en la actualidad, cerca de 800 millones de personas enferman en todo el mundo, y más de 400 mil mueren cada año, debido al consumo de alimentos contaminados, ya sea por agentes biológicos (bacterias, esporas, hongos, mohos, etc.), químicos (pesticidas o fertilizantes mal aplicados) o físicos (manipulación indebida o contaminación cruzada). Estas dolencias, conocidas como Enfermedades de Transmisión Alimentaria, o ETA, no solo generan efectos severos en la salud, incluyendo complicaciones sistémicas y fallecimientos, sino que también se traducen en severos perjuicios económicos, que hoy se estiman en alrededor de USD 110.000 millones anuales, según estudios recientes de la OMS. Y aunque estas cifras ya son de por sí alarmantes, a principios de junio la propia OMS publicó nuevas estimaciones que sugieren que el impacto de las ETA en la salud de las personas podría ser incluso mayor: con 866 millones de casos de enfermedad y 1,5 millones de muertes anuales asociadas a alimentos insalubres. IMPACTO EN CHILE Nuestro país no es ajeno a este complejo escenario, pues las ETA también tienen un impacto relevante tanto en salud pública como en economía. Y aunque la magnitud de este problema es menor que en muchos países en desarrollo, gracias a los sistemas de vigilancia e inocuidad alimentaria, ello no implica dejar de trabajar en pos de un mejor sistema de fiscalización, prevención y cumplimiento normativo. De hecho, solo durante 2024 el Ministerio de Salud detectó 1.349 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Más aún, sin sin retroceder demasiado en el tiempo, hace tan solo una semana, la Seremi de Salud de Ñuble emitió una alerta sanitaria urgente, debido a detección de la bacteria Listeria monocytogenes en una importante partida de “arrollado de huaso laminado”, fabricada por una conocida empresa de cecinas de la región. Esto demuestra que incluso, hasta las empresas más importantes o conocidas, pueden cometer errores que lleven al surgimiento de un brote de ETA, fundamentalmente por carecer de una adecuada política de inocuidad preventiva. Este tipo de anomalías en la cadena productiva puede afectar a cualquier compañía o establecimiento que no tenga la suficiente prolijidad para poner en práctica una estrategia de prevención y mejora continua en inocuidad. Así lo comprobó, por ejemplo, la comunidad de Curanilahue, en la región de Biobío, cuando a mediados de abril un niño de ocho años enfermó y falleció tras consumir una hamburguesa mal cocida y contaminada con bacteria Escherichia coli, cuyos efectos son especialmente graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con cuadro inmunodeprimidos. Este escenario de alto riesgo, fue precisamente el que motivó a los expertos de la Agencia Nacional para la Inocuidad y Calidad de los Alimentos, ACHIPIA, a impulsar el diseño e implementación de la nueva Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria 2026-2036, la cual fue dada a conocer el martes 9, durante un seminario multisectorial organizado por la entidad, con motivo del “Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria”. Este instrumento, aprobado en diciembre de 2025 por el Consejo de Subsecretarias y Subsecretarios de ACHIPIA tras un extenso período de discusión y análisis, establece la nueva hoja de ruta destinada a orientar, durante la próxima década, el trabajo de las distintas instituciones académicas, organismos públicos, empresas y entidades público-privadas que interactúan en el sector, en materia de inocuidad y calidad alimentaria. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, Dionisio Faulbaum, destacó que la necesidad de reconocer sin ambages ni dobles lecturas, que la inocuidad alimentaria “es una responsabilidad compartida que involucra a gobiernos, productores, la academia, consumidores y a todos los actores de la cadena alimentaria”. “Cada uno de ellos -agrega- cumple un rol esencial para garantizar que los alimentos que llegan a la población sean seguros, y por ello esta nueva política refleja un compromiso de Estado orientado a abordar, de manera articulada y coordinada, los desafíos presentes y futuros que enfrenta nuestro sistema alimentario”.  Los principales agentes biológicos causantes de ETA en Chile son Salmonella, Shigella, Vibrio parahaemolyticus y Listeria monocytogenes, todos susceptibles de desarrollarse en biofilms al interior de las fábricas de alimentos. Foto: Generada por ChatGPT IA. EJES CENTRALES Durante el primer segmento del seminario, Víctor Rivera, coordinador de Asuntos Internacionales y Regulatorios de ACHIPIA, expuso los principales lineamientos de la nueva Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria, precisando que su “objetivo es proteger la salud de las personas garantizando el acceso seguro, equitativo y permanente a alimentos inocuos y de calidad, resguardando los derechos de los consumidores y fortaleciendo, al mismo tiempo, la competitividad y sostenibilidad del sector productivo”. En razón de ello, el texto promueve un enfoque sistémico sustentado en principios como la evidencia científica, la gestión preventiva de riesgos, la responsabilidad compartida, la participación ciudadana y la perspectiva de "Una Sola Salud" (One Health), que reconoce la estrecha relación entre salud humana, animal, vegetal y ambiental. Rivera explicó que este documento define ocho objetivos estratégicos que orientarán el trabajo del país durante los próximos diez años. Entre ellos destacan:
Estos objetivos se engloban y resumen en cuatro pilares de trabajo, los cuales abordan los siguientes aspectos: 1. Institucionalidad en la higiene y calidad alimentaria: Es esencial definir, crear y formalizar la conceptualización del "Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria", recogiendo la experticia de todos los actores involucrados e incorporando dentro de la regulación el principio de análisis de riesgo. También hay que fortalecer a las instituciones que tengan amplia competencia en la materia, reconociendo el rol articulador de ACHIPIA. Se debe armonizar las normas internas con los parámetros establecidos en el Codex Alimentarius y fomentar las buenas prácticas regulatorias para brindar información y entendimiento de la regulación a quienes deban aplicarla. 2. Control de la producción y comercio de alimentos Es necesario avanzar hacia un sistema de control más preventivo e integrador, que permita compartir datos e integrar la acción de los distintos actores bajo el enfoque de "Una Sola Salud". También se requiere modernizar los procesos de importación y exportación utilizando herramientas actualizadas; y generar una estrategia coordinada de apertura y mantención de mercados. 3. Fomento productivo, trazabilidad y cultura de inocuidad: Para avanzar hacia este objetivo hay que desarrollar y modernizar los instrumentos de fomento productivo del Estado, de modo de llegar con financiamiento y asistencia técnica a pequeños y medianos productores (fomentando buenas prácticas agrícolas, de manufactura e higiene). Asimismo, se debe relevar y seguir fomentando la trazabilidad y el autocontrol; así como también transformar los antiguos paradigmas ya obsoletos de capacitación clásica para que se articule de acuerdo con la nueva "cultura de inocuidad". Esto permitirá modificar comportamientos, consensuando un marco común para aplicarlo en políticas públicas, industria y educación (con énfasis en infancia y adolescencia). 4. Capacidades científicas: Del mismo modo, es esencial fomentar el conocimiento y las capacidades de las personas que trabajan en inocuidad y calidad alimentaria (tanto en el Estado, como en el sector productivo y la academia). Esto también implica reforzar la investigación, innovación y desarrollo (tanto básica como aplicada a las necesidades públicas y del sector productivo), y generar una convergencia de la información científica (evitando que la investigación generada en universidades y centros de estudio quede aislada o fragmentada). A su vez, es imprescindible formalizar un nexo directo entre el Estado y la academia para la toma de decisiones.  Los estudios realizados por el ministerio de Salud muestran que una proporción importante de los brotes de ETA se origina por errores en la manipulación, preparación o conservación de los alimentos en establecimientos pertenecientes al Canal Horeca. Foto: FreePik-Magnific. PRINCIPALES DESAFÍOS Si bien los ejes básicos y los principios generales del nuevo plan brindan claridad y certeza respecto de cómo debe avanzarse en su aplicación, este proceso no estará exento de dificultades, en especial desde el punto de vista práctico. En ese sentido, los principales desafíos que aborda la nueva política nacional de inocuidad alimentaria en Chile, se relacionan principalmente con los siguientes puntos: 1. Enfoque "Una Sola Salud" (One Health): Hay que definir e implementar estrategias concretas para integrar la salud humana y pública con la sanidad animal, vegetal y medioambiental, que usualmente se trataban por separado. 2. Evolucionar de manera certera hacia un modelo preventivo moderno: Se necesita fortalecer el enfoque preventivo basado en los riesgos alimentarios, mediante el uso de herramientas modernas como la genómica, la inteligencia artificial y el apoyo que brindan las certificaciones de empresas privadas para el control de alimentos. 3. Gestión de la cadena y brechas de trazabilidad: Es imprescindible superar las brechas de trazabilidad fragmentada que aún prevalecen, especialmente en las empresas de menor tamaño, además de realizar un combate más activo y permanente al “fraude alimentario”. 4. Consolidar una cultura de inocuidad: Se debe dejar de entender la inocuidad solo como normas y reglas, para generar comportamientos responsables en las personas y la sociedad en su conjunto. 5. Gestión de datos científicos: Hay que dejar atrás la super abundancia de datos científicos aislados para organizarlos a partir del enfoque de análisis de riesgo (evaluación, gestión y comunicación de riesgo) sumado a la mejora continua. Esto permitirá formalizar un nexo real de convergencia entre Estado, academia y sector productivo. 6. Inclusión de nuevos principios transversales: Por ejemplo, aplicar el principio precautorio para tomar decisiones cuando la salud pública peligre, aunque no se disponga de toda la información en el momento. 7. Integridad del alimento: Se requiere potenciar el concepto de calidad a partir de la perspectiva de "integridad del alimento". Esta última idea se entiende como la propiedad de que sea genuino, íntegro y propio de su género, para evitar el engaño al consumidor. AVANCES CONCRETOS A diferencia de la primera política nacional publicada en 2009, y de sus posteriores actualizaciones aplicadas en 2018 y 2022, esta nueva versión proyecta una planificación más estratégica y alineada con las agendas de trabajo internacional. Para ello se propone pasar de lo reactivo a lo preventivo y tecnológico, incorporando tecnologías de vanguardia (como genómica e inteligencia artificial) y el reconocimiento de certificaciones privadas. También se plantea optimizar la actual gobernanza en el sistema de control de alimentos que tradicionalmente ha sido compartida entre distintos ministerios (Agricultura, Economía y Salud). Esto implica formalizar y consolidar un único "Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad de los Alimentos" que coordine de manera sistémica y colaborativa a todos los actores (Estado, sector productivo, academia y consumidores) y, eventualmente de paso a una nueva institucionalidad que podría, incluso, generar una subsecretaría específica, dada la relevancia que tiene la alimentación saludable e inocua para el desarrollo equitativo de la sociedad. También se espera fortalecer el relacionamiento interministerial, y la participación ciudadana, mediante estrategias de escrutinio público (como talleres presenciales, virtuales y consultas online). De hecho, Víctor Rivera comentó que una primera etapa ya se recogieron observaciones en 39 áreas temáticas para el plan, las cuales derivaron en 21 modificaciones directas al documento. Asimismo, y a diferencia de procesos previos, se dará más énfasis al uso de herramientas de diagnóstico internacional. Por ejemplo, para la priorización de las acciones de esta política ya se utilizó la herramienta objetiva de evaluación del sistema de control de alimentos de la FAO. BRECHAS Y DESAFÍOS Si bien el análisis de la nueva política de inocuidad consideró la participación de sectores relevantes del mundo alimentario y agropecuario, aún existen brechas de comunicación e interacción que deben superarse. Particularmente en la relación con gremios y empresas productoras, cuyos representantes hicieron notar que el llamado a la participación fue tardío, y “pudo haberse hecho antes”. Al respecto, la gerente general de Alimentos y Bebidas de Chile, hizo presente dicha situación durante su participación en uno de los bloques conversatorios del seminario organizado por ACHIPIA, destacando que el gremio presentó más de 600 observaciones al plan, de las cuales solo se han recogido un poco más de 20. Sin embargo, Figueroa también valoró la voluntad de continuar trabajando en conjunto, lo cual demuestra la importancia que hoy las instituciones del Estado le dan a la participación de las empresas y los sectores productivos para la elaboración de un plan que, necesariamente, debe sumar a todas las fuerzas participantes si se espera lograr un resultado transversalmente exitoso. Ecos de una discusión aún en curso y que debe profundizarse con más detalle, a medida que los ejes básicos y los principios generales del nuevo plan, se decantan en regulaciones, recomendaciones o normas concretas, cuyo alcance debe ser lo más preciso y eficiente posible, para garantizar que casos como los del pequeño que falleció en Curanilahue, solo por la negligencia de no aplicar controles preventivos adecuados, vuelvan a repetirse. GALERÍA OTROS REPORTAJES
 Expertos internacionales plantean las estrategias más efectivas para nutrir a la población5/29/2026  Foto: FreePik   no de los diagnósticos más complejos e inquietantes que se ciernen sobre la sociedad moderna, es el constante deterioro de la salud nutricional, lo que se traduce en un alarmante incremento de los índices de obesidad y sobrepeso. Chile no es ajeno a dicha situación. De hecho, recientes informes de la OCDE lo ubican como el país que tiene los mayores índices de prevalencia para esta enfermedad no transmisible, después de Estados Unidos. Situación que resulta, a lo menos paradójica y hasta incomprensible, pues recién en las últimas décadas del siglo XX la población chilena logró vencer a la desnutrición infantil, gracias al trabajo mancomunado de la academia y el sector público (y que tuvo entre sus líderes más brillantes al Dr. Fernando Monckeberg). Hoy, en cambio, Chile lidera el ranking de obesidad en Latinoamérica, y en el futuro podría posicionarse como uno de los países con más obesos a nivel mundial. De hecho, según la Federación Mundial de la Obesidad, el 42% de los chilenos mayores de 20 años tiene esta enfermedad, y si la tendencia se mantiene, en cinco años más la cifra podría superar los 14 millones de personas y afectar hasta el 85% de la población. Un diagnóstico que, de manera simplista, siempre se justificó a partir de la estigmatización de los alimentos procesados a quienes se sindicó como “principales responsables” de lo que hoy se conoce como “mal nutrición por exceso” (debido a la ingesta descontrolada de nutrientes críticos como azúcar añadida, calorías, grasas saturadas y sodio), pero que en realidad obedece a un conjunto de factores asociados que deben estudiarse de manera integral, para aplicar estrategias de solución realmente efectivas a largo plazo. Este fue precisamente el eje central del seminario “Análisis de políticas públicas, desafíos y tendencias en la industria alimentaria”, donde destacados exponentes nacionales e internacionales analizaron durante dos días, las causas y efectos de la mal nutrición por exceso de la población, y cómo puede enfrentarse dicho flagelo de manera seria, responsable e informada. El evento, organizado en Santiago de Chile por la Universidad de California Davis de Estados Unidos, UC Davis, contó con gran asistencia de público durante sus dos jornadas, y abordó las principales tendencias que hoy buscan orientar el desarrollo saludable, inocuo, seguro y sostenible de la industria alimentaria.  Durante dos días, expertos internacionales analizaron los desafíos para avanzar hacia una alimentación más nutritiva y saludable. Foto: Gentileza Comunicaciones AB Chile. DIAGNÓSTICOS CERTEROS Durante la jornada inaugural, el presidente de AB Chile A.G., Eduardo Ffrench Davis, manifestó que “Chile ha sido un laboratorio de políticas públicas en materia alimentaria, pues la discusión sobre sedentarismo, etiquetado frontal, impuestos, reformulación, edulcorantes y clasificación de alimentos ha sido intensa”. “En este contexto, resulta especialmente valiosa la participación de expertos nacionales e internacionales en este seminario, quienes analizarán regulación, obesidad, seguridad de alimentos procesados, aditivos y nutrición, aportando evidencia científica”, agregó el directivo. La apertura de la jornada técnica estuvo a cargo de la decana asociada de Educación Legal Global de UC Davis, Beth Greenwood, quien dictó la conferencia “Regulación, innovación, transferencia y emprendimiento: recomendaciones y experiencias para un círculo virtuoso”. En ella se refirió a las tendencias y consideraciones regulatorias en el desarrollo de leyes y políticas públicas de alimentos. “Vivimos en un mundo donde podemos introducir nuevos productos en la industria alimentaria. La tecnología existe en un mundo interconectado y con una ciencia dinámica que busca respuestas a nuevas preguntas e hipótesis”, manifestó la decana Greenwood. A continuación, intervino el director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dr. Rodrigo Valenzuela, quien desarrolló la ponencia titulada “Análisis de la obesidad a nivel mundial, en EE. UU. y en Chile: una solución multifactorial”. Durante su exposición, el académico enfatizó que los estudios más recientes muestran que la obesidad en nuestro país, se dispara a partir de la niñez, especialmente cuando la población en edad escolar alcanza el quinto grado (alrededor de los 10 años de vida), “debido a la combinación de dos factores negativos, la ingesta excesiva de calorías y el incremento del sedentarismo, por la influencia de la tecnología y la falta de educación física”. “Hoy 75% de las personas entre 13 y 60 años en nuestro país presenta malnutrición por exceso, lo que plantea un desafío estructural que requiere respuestas estructurales y no solo medidas paliativas parciales”, enfatizó el académico, agregando que algunas de las medidas más urgentes que hoy deben implementarse, son las siguientes:
El Dr. Valenzuela también precisó que en la población adulta la ganancia de peso y la mayor prevalencia de obesidad va más allá del consumo de alimentos procesados (como suelen reiterar los así llamados influencers de las redes sociales), pues también considera otros factores como, por ejemplo:
Por ende, en su opinión, hay que desarrollar estrategias más integrales y de mayor alcance, como el mayor consumo de fibra dietética, dormir más, incentivar la actividad física y asegurar más equidad social, para avanzar hacia una solución permanente y de largo plazo. El primer bloque técnico fue cerrado por el economista de la UC Davis, Richard Sexton, quien presentó una interesante ponencia titulada “¿Son los impuestos una buena herramienta para reducir la obesidad?”, en la cual planteó la inconveniencia de regular la ingesta de nutriente críticos mediante la imposición de nuevos aranceles. En su intervención, el académico enfatizó que “este tipo de impuestos suelen ser ineficaces e, incluso, contraproducentes”, pues aun cuando más de medio centenar de países los utiliza para regular el consumo de alimentos azucarados, “en ningún lugar donde ha sido aplicados, han logrado reducir la ingesta calórica”. Por el contrario, Sexton fue enfático para concluir que “cada vez que se imponen impuestos a la comida, estos golpean a los más pobres”, en lugar de entregar una contribución real a la salud pública. El experto de UC Davis también puntualizó que gravar con nuevos impuestos a los alimentos procesados (tal como se discutió hasta principios de año en la comisión de Salud del Senado de Chile, durante los análisis técnicos del proyecto de ley de etiquetado frontal impulsado por la senadora María José Gatica), “no solo es una acción difícil de aplicar, que no se traspasa por completo a los consumidores, sino que tampoco genera cambios de hábitos o conductas”. “En USA, por ejemplo, solo la mitad de los nuevos impuestos se traspasaron a los consumidores, por lo que tuvieron un impacto muy limitado en las ventas. Además no se registró evidencia de cambios significativos en la compra de alimentos más saludables, y tampoco hubo una baja significativa en la venta de productos más altos en calorías”, detalló Sexton. ESFUERZOS LEGISLATIVOS Uno de los momentos más esperados de la primera jornada, fue la exposición del nuevo presidente de la comisión de Salud del Senado, senador Juan Luis Castro, quien participó de un conversatorio a cargo del Dr. Rodrigo Valenzuela, donde se abordaron las alarmantes cifras de obesidad y sobrepeso que hoy registra la población chilena. En la oportunidad, el senador Castro reconoció que esta situación “refleja un divorcio entre el etiquetado de los alimentos y la interpretación del consumidor, lo que no solo se arregla con más leyes”, enfatizando al mismo tiempo que se requieren otras iniciativas paralelas como reforzar las políticas públicas de educación nutricional orientadas a la población, y corregir ciertas actitudes negativas como, por ejemplo, el sedentarismo, la adicción a las pantallas, el deterioro de la salud mental y la falta de actividad física. “Este último factor se hace crítico desde el quinto año de enseñanza básica, lo cual es particularmente negativo”, manifestó el congresista. El senador Castro también enfatizó que “tenemos que generar lo antes posible el shock necesario para cambiar esta situación crítica, porque la leyes son insuficientes, dado que surgen después de las crisis y esto no puede seguir así”. En ese sentido, destacó que “es importante evaluar en profundidad el real impacto de la Ley de Etiquetado, y ver en detalle qué otros factores o variables inciden en el impacto actual de la obesidad en la población adulta e infantil de Chile”. Al respeto, anunció que en las próximas semanas la comisión de Salud del Senado organizará un evento donde se evaluará esta situación desde el punto de vista técnico y científico, convocando a todos los actores públicos, privados, académicos y gremiales involucrados, para “pasar de la retórica a la acción, y forzar una intervención que se traduzca en mayor colaboración público-privada en beneficio de toda la comunidad”.  Los expertos coincidieron en que la malnutrición por exceso está condicionada por diversos factores sociales, familiares, personales, ambientales y psicológicos. Foto: FreePik. SUPERAR LA “QUIMIOFOBIA” En el seminario también estuvo presente la Dra. Marcela Rodríguez, directora Administrativa y de Asuntos Científicos y Regulatorios de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), quien se refirió a la “Seguridad de los aditivos alimentarios: Modelo Codex”. La experta se refirió al actual ambiente de “quimiofobia”, que hoy se extiende entre la población, especialmente debido al impacto negativo que ejercen en redes sociales los influenciadores y creadores de contenido que demonizan el uso de aditivos, sin tener conocimientos o bases técnicas que fundamenten sus opiniones. “Esta fobia a lo químico y a todo lo que no proviene de lo natural, es completamente injustificada”, enfatizó la doctora Rodríguez, “pues nuestra comida es hoy más segura que nunca”. En tal sentido, la experta de ALAIAB agregó que esta condición es innegable y se debe a que “la industria de los alimentos cuenta con profesionales competentes, ingenieros en alimentos y químicos que están detrás de lo que comemos”. Rodríguez también fue enfática en asegurar que, a nivel internacional, la existencia de importantes agencias regulatorias de gran valor científico y técnico, como el Códex Alimentarius (que en septiembre de 2025 realizó una de sus jornadas de trabajo en Santiago de Chile) y el JECFA, garantizan un trabajo constante para velar por la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. PROCESAMIENTO: SINÓNIMO DE CALIDAD Y SEGURIDAD La segunda parte de la primera jornada se centró en otro tema de alto impacto para la comunidad, el procesamiento de alimentos como garantía de calidad, eficiencia e inocuidad. La primera ponencia que abordó esta temática estuvo a cargo del Dr. Samuel Durán, director del Magíster en Nutrición en Salud Pública de la Universidad San Sebastián, quien expuso sobre “Uso de edulcorantes (bajos o nulos en calorías): los últimos hallazgos científicos”, destacando la inocuidad y seguridad de su uso en la industria de los alimentos. Durán recordó que el factor más relevante para entender el consumo de edulcorantes es la Ingesta Diaria Admitida, IDA, la cual “en todos los estudios recientes realizados en nuestro país se mantiene dentro de los estándares permitidos”. “Por ende -agregó- debemos preguntarnos también cuál es el efecto de todos los demás factores identificados por la comunidad científica, como el sedentarismo, la falta de sueño, la adicción a las pantallas y los ‘dobles desayunos’, en el aumento de la obesidad desde la infancia, en lugar de centrar toda la culpa en un solo alimento o aditivo, como los edulcorantes, por ejemplo”. El punto más destacado de este segmento correspondió a la intervención de la doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, Susana Socolovsky, quien abordó directamente la validez técnica del concepto “alimentos ultraprocesados”. Este término, que cada vez adquiere mayor presencia en redes, debido a su uso indiscriminado por parte de comunicadores que desconocen su imprecisión y falta de rigurosidad, ha sido el centro de constantes debates, aun cuando no tiene bases técnicas que permitan siquiera definirlo con claridad. Al respecto, la Dra. Socolovsky, quien ha visitado nuestro país en numerosas oportunidades y también expuso ante la comisión de Salud del Senado, enfatizó que la definición de “alimentos ultraprocesados” es totalmente errónea e injustificada, pues nace de la clasificación NOVA, que “no es reconocida por los organismos internacionales”. “No existen los alimentos ultraprocesados -puntualizó la experta-, lo que sí existe es el procesamiento de alimentos, que es algo que se hace en la casa y en la industria. Lo importante es que las afirmaciones estén respaldadas por la evidencia científica (lo cual no existe en el caso de la clasificación NOVA)”. Socolovsky también puntualizó que “los alimentos no son más o menos saludables por tener más o menos ingredientes o mayor nivel de procesamiento” y que “no hay evidencia científica que establezca causalidad entre consumo de alimentos procesados y obesidad”. La primera jornada finalizó con la exposición de la Dra. Barbara Schneeman, profesora emérita del departamento de Nutrición de la UC Davis, quien presentó el tema “Nuevo Esquema de clasificación de alimentos: formulación y procesamiento (IF&PC) de la International Union of Food Science and Technology (o Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, IUFoST. CHILE, POLO DE INNOVACIÓN La segunda jornada del seminario, comenzó con la ponencia “Estrategia de Prosperidad Agropecuaria de CAF”, que fue presentada vía telemática por Ignacio Lorenzo Arana, director de Asesoramiento Técnico en Biodiversidad y Clima de la Gerencia de Acción Climática y Biodiversidad Positiva, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En su presentación, el experto indicó que “América Latina y el Caribe es una región que puede ofrecer solución a los grandes desafíos globales, pero aún tenemos un 28% de inseguridad alimentaria”. “El desafío -añadió- es avanzar hacia una producción agropecuaria sostenible, resiliente y regenerativa, que permita asegurar la seguridad alimentaria y la prosperidad del sector”. Luego, correspondió el turno a Jean Paul Veas, director ejecutivo del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, CeTA quien se refirió al nuevo papel de Chile como polo de innovación alimentaria y nutricional. Este tema adquiere cada vez mayor trascendencia, gracias al constante impulso del ecosistema emprendedor, especialmente de base científico y tecnológica, que desarrolla constantes avances en materia de alimentación saludable y sostenible, especialmente a partir de materias primas recicladas y de alto valor nutritivo. “Alimentar a una población creciente de manera sustentable no es fácil, y ahí la tecnología es clave. Chile tiene ventajas, como calidad de materias primas, acceso a mercados y un ecosistema robusto, pero el desafío es avanzar hacia mayor valor agregado e innovación en alimentos”, manifestó el director ejecutivo del CeTA. Por su parte, Rodrigo Chamorro, presidente de la Sociedad Chilena de Nutrición (SOCHINUT), expuso la ponencia “Alimentación y nutrición desafíos en salud”, donde abordó algunas de las principales variables que influyen en la mal nutrición de las personas, como población creciente, falta de educación y factores demográficos y culturales, entre otras. “Estamos envejeciendo rápidamente y no estamos preparados desde el punto de vista sanitario ni alimentario. A la vez, estamos bastante enfermos y tenemos una alta prevalencia de obesidad, que es un problema complejo y multifactorial”, afirmó Chamorro. El experto puntualizó, asimismo que esta epidemia hoy tiene causas individuales, familiares y ambientales, que inciden en su aparición desde la primera infancia, y que para ello deben impulsarse acciones educativas más profundas como, por ejemplo:
El seminario finalizó con una mesa redonda donde se realizó un resumen, análisis y conclusiones respecto de la adecuada nutrición poblacional, que estuvo a cargo de la Dra. Susana Socolovsky, la Dra. Barbara Schneemann, la Dra. Marcela Rodríguez, el Dr. Samuel Durán y el Dr. Rodrigo Valenzuela. Visiones que permiten concluir que el actual impacto de la obesidad y el sobrepeso en nuestro país, se deben al efecto conjunto de una serie de variables, como la falta de educación nutricional, el sedentarismo, el consumo excesivo de alimentos tanto procesados como caseros, la mala información y el efecto nocivo del estrés o los influenciadores, entre muchos otros. Todo ello, exige dejar de lado, de una vez por todas, las concepciones estrechas y miopes que hoy dominan el debate público (incluyendo a la “ultra valorada” clasificación NOVA y la demonización de los aditivos), y priorizar los argumentos técnicamente validados, así como la evidencia científica acumulada, que hoy se dejan de lado, especialmente en las redes sociales, aunque son esenciales para comprobar que los aditivos alimentarios hoy son garantía tanto de calidad como inocuidad para toda la población. De hecho, basta recordar que el procesamiento de alimentos ha salvado vidas (tal como puntualizó la Dra. Socolovsky) y que en forma paralela existe un enorme “mercado gris” de alimentos no regulados, de venta callejera y fácil acceso para toda la población, que también tiene una fuerte incidencia en el aumento de grasa corporal y del sobrepeso. En otras palabras, si se quiere avanzar hacia una cura para esta epidemia desatada, hay que dejar de dar “palos de ciego” satanizando solo a los alimentos y buscar una cura integral, que considere a todos los factores personales, familiares, sociales y ambientales que hoy inciden en esta condición, pues si nos quedamos solo en los síntomas superficiales, nunca seremos capaces de encontrar una cura real y permanente. Y, tal como lo mencionó el Dr. Rodrigo Valenzuela, si una vez fuimos capaces de derrotar la desnutrición infantil, gracias al trabajo serio y la evidencia científica, sin lugar a dudas, hoy también somos capaces de derrotar a la obesidad, si realmente nos esforzamos por hacerlo de manera seria y responsable. GALERÍA OTROS REPORTAJES
   El avance superlativo de la biotecnología exige una modernización urgente y decidida de la legislación vigente, para que sea acorde con los nuevos desafíos que hoy enfrenta la producción segura de alimentos más saludables, innovadores, inocuos y sostenibles.  l desarrollo y perfeccionamiento de la moderna industria alimentaria está significativamente marcado por el constante auge de los procesos de Investigación, desarrollo e innovación, también conocido como I+D+i. Esto no solo constituye una simple estrategia de mercadotecnia, sino que es una necesidad vital e ineludible para responder de manera eficiente, ágil y oportuna, a las complejas necesidades de un mercado cada vez más competitivo y cambiante, donde los consumidores actúan de acuerdo a tendencias extremadamente dinámicas. Un escenario donde lo que fue válido y viable durante años, de un momento a otro se volvió obsoleto, y donde solo las empresas que entiendan y apliquen esta filosofía de cambio y mejora continua, a base de I+D+i, podrán adaptarse y sobrevivir a la evolución cultural y comercial de los mercados actuales y futuros. Por el contrario, las que no tengan esa visión estratégica y flexibilidad, están condenadas a perder competitividad y desparecer del mercado. Sin embargo, para que esta innovación se desarrolle acorde con la celeridad que exige el público consumidor, también requiere un marco regulatorio ágil y flexible; algo que en nuestro país no siempre existe, pues la normativa vigente no ha sido capaz de adaptarse con la suficiente celeridad y eficiencia, al salto cuántico experimentado por la ciencia y biotecnología. MARCO LEGAL EN CHILE El principal cuerpo normativo vigente en Chile para producir y comercializar alimentos y bebidas, es el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA). Dicho cuerpo legal establece las condiciones sanitarias para la producción, importación, elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para consumo humano, con el objetivo de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. Asimismo, el RSA establece los límites y condiciones de la información nutricional que se entrega a la población mediante el etiquetado de los alimentos y/o sus correspondientes mensajes publicitarios, con el objetivo de impedir la divulgación de contenidos falsos, erróneos o que puedan ser mal interpretados.  Los desarrollos I+D+i incorporados por la industria alimentaria, deben cumplir los parámetros establecidos por el RSA, lo cual no siempre favorece el emprendimiento. Foto: FreePik. Durante una de las sesiones del seminario-taller FoodTech 2024, organizado por Transforma Alimentos, Víctor Rivera, coordinador del área de asuntos internacionales y regulatorios de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, ACHIPIA, explicó que la norma actualmente nos brinda “la posibilidad de conocer qué elementos podemos agregar a los alimentos con fines tecnológicos, como aditivos o ingredientes con propiedades saludables” y además nos permite “ver qué propiedades nutricionales podemos resaltar”. Esto implica desde saber a qué podemos denominar “suplemento alimentario”, hasta conocer las restricciones específicas que existen para vender o publicitar determinadas materias primas o ingredientes, que puedan ser utilizados para mejorar o complementar la nutrición de las personas. Al respecto, el artículo 110 del RSA establece que la rotulación y publicidad “no debe contener palabras, ilustraciones y/u otras representaciones gráficas que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto de la naturaleza, composición o calidad del producto”. La clave, enfatiza Víctor Rivera, es no engañar a la población ni entregar información falsa, por lo que cada expresión o característica que se desee incluir en una etiqueta alimentaria, o en un mensaje publicitario (sea gráfico o audiovisual) debe estar objetivamente basado en información científica fidedigna, comprobable y autorizada por el ministerio de Salud (MINSAL), y además debe respetar los marcos regulatorios establecidos por el RSA. “Esta es la única forma en que se puede garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en Chile”, precisa. Asimismo, el etiquetado no debe indicar, o sugerir, efectos terapéuticos, curativos ni posologías, aun cuando los alimentos tengan propiedades saludables o funcionales demostradas científicamente, pues “las dietas saludables no pueden, por si solas, contribuir a mejorar la salud, ni tampoco están destinadas a curar enfermedades, de modo que no podemos comunicar este tipo de propiedades a la población”, enfatiza Rivera. Además, el RSA prohíbe añadir a los alimentos sustancias con principios terapéuticamente activos o sustancias calificadas como productos farmacéuticos. “Es decir, el producto no debe tener características farmacológicas, y tampoco le podemos añadir principios terapéuticos o medicinales que combatan enfermedades, porque los alimentos no están destinados a estos fines”, detalla el experto de ACHIPIA. CATEGORÍAS ESPECÍFICAS La norma chilena sobre etiquetado de alimentos establece que solo puede incluirse actualmente información general relacionada con la identificación del productor (nombre, razón social, dirección, etc.); las condiciones productivas (lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, etc.) y la información propia del producto (nombre del alimento, contenido neto, etc.). El RSA también permite incluir rotulación nutricional, que comprende toda la información sobre las características nutricionales del alimento. Esta información se divide, a su vez, en elementos obligatorios y opcionales. Los elementos obligatorios incluyen, por ejemplo, la utilización de sellos negros de advertencia “altos en”, en todos los casos donde haya presencia excesiva de nutrientes críticos como azúcares añadidas, sodio, grasas saturadas y calorías totales. A su vez, los componentes voluntarios, son los mensajes destinados a resaltar las propiedades nutricionales y saludables del alimento. ¿CÓMO DIVULGAR LO SALUDABLE? La actual innovación alimentaria se orienta cada vez con más fuerza al desarrollo de ingredientes y materias primas naturales, saludables y sustentables, acorde con las nuevas tendencias de consumo de la población. Por ello, Víctor Rivera, de ACHIPIA, recalca que “es fundamental que los emprendedores entiendan que el RSA hoy solo permite destacar las propiedades nutricionales y saludables de un alimento”. En el caso de las propiedades nutricionales, puede hacerse mediante representaciones que afirmen, sugieran o impliquen que el alimento posee propiedades nutricionales particulares, como por ejemplo, valor energético y alto contenido de proteínas, grasas saludables, vitaminas, minerales y fibras dietéticas, entre otros componentes.  El reglamento vigente prohíbe el uso de declaraciones de propiedades nutritivas o saludables no incluidas entre las 18 asociaciones definidas. Foto: FreePik. La normativa también permite destacar que un producto es bajo en aspectos negativos como colesterol o calorías totales, por ejemplo, y/o informar que tiene menor porcentaje o menos cantidad total de nutrientes críticos, comprado con un alimento normal, o sin modificaciones. Al respecto, Víctor Rivera destaca que emprendedores e innovadores deben recordar que solo está permitido utilizar los descriptores indicados en el artículo 120 del RSA. “Además, deben incluir en la declaración nutricional (o tabla nutricional) de la etiqueta, la cantidad de nutrientes o factores alimentarios correspondientes, utilizados en la formulación del alimento o bebida”, detalla. Algunos ejemplos característicos de los mensajes autorizados por el RSA, en el caso de aquellos nutrientes críticos que han sido reducidos o eliminados de la formulación del alimento son: “libre”, “no contiene”, “exento”, “reducido” y “sin azúcares añadidos”, entre otros. A su vez, en el caso de los ingredientes con propiedades saludables que se deseen destacar, los mensajes autorizados son: “fuente”, “buena fuente”, “contiene”, “con”, “excelente fuente”, “enriquecido con” y “fortificado con”, entre otros. Para la declaración de propiedades saludables, en tanto, el RSA define que se pueden destacar mediante mensajes que relacionan los alimentos, o a sus componentes, con una condición de salud. Estas declaraciones también deben ser científicamente comprobadas, o consensuadas internacionalmente, y además tienen que estar incluidas dentro de las normas técnicas aprobadas por el MINSAL (de acuerdo con la resolución 860/2018). Los alimentos que declaren propiedades saludables deben estar incluidos dentro de la dieta de la población, e informar claramente la concentración de nutrientes o factores alimentarios correspondientes, en su respectiva tabla nutricional. La normativa nacional establece que no se pueden divulgar mensajes saludables para hacer asociaciones falsas, ni inducir el consumo innecesario de un producto, ya sea con expresiones, rótulos o imágenes publicitarias (gráficas y/o audiovisuales). Los mensajes sobre propiedades saludables tampoco se deben utilizar en alimentos destinados a niños menores de cuatro años; en suplementos y alimentos con presentación de medicamento (polvos, grageas, granulados, líquidos, comprimidos, tabletas, cápsulas u otros formatos similares); ni en productos que contengan sellos negros de advertencia. Tampoco se pueden usar estos mensajes en alimentos que contengan 26 gramos o más de grasa total, o 120 mg de colesterol, en 100 gramos listos para el consumo; o 13 gramos de grasa total o más de 60 mg de colesterol, por porción de consumo (excepto huevos y pescados). Según la norma técnica 191 establecida en la resolución 860/2018 de MINSAL, actualmente existen 18 asociaciones permitidas entre propiedades de alimentos y alguna enfermedad que podrían ayudar a prevenir (o en su defecto provocar), de acuerdo con el contenido de ciertos ingredientes. Estas asociaciones son las siguientes: ● Grasas saturadas, trans, colesterol y enfermedades cardiovasculares. ● Grasa total y cáncer. ● Calcio y osteoporosis. ● Sodio e hipertensión arterial. ● Fibra dietética y cáncer. ● Fibra dietética soluble y enfermedades cardiovasculares. ● Frutas y vegetales y cáncer. ● Hierro y anemia nutricional. ● Ácido fólico y defectos del tubo neural. ● Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. y otros bacilos específicos, y flora intestinal y/o tránsito intestinal y/o inmunidad. ● Fitoesteroles, fitoestanoles y enfermedad cardiovascular. ● Polioles y caries dentales. ● Soya y enfermedades cardiovasculares. ● Oligosacáridos como prebióticos (incluidos: inulina, polidextrosa y otros) y flora intestinal. ● Potasio e hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. ● DHA/EPA (Omega-3) y enfermedades cardiovasculares. ● Lactosa e intolerancia a la lactosa ● DHA y sistema nervioso visual. A partir de estas asociaciones, las etiquetas de los alimentos y los mensajes publicitarios pueden estructurarse en diversos mensajes, en la medida que estos cumplan los requisitos técnicos obligatorios establecidos, y se enmarquen dentro de los parámetros establecidos por el RSA. Algunos ejemplos típicos de estos mensajes permitidos son: “Entre los muchos factores de riesgo que inciden en las enfermedades cardiovasculares, las dietas bajas en grasas saturadas, colesterol y libres de ácidos grasos trans, contribuyen a reducir el riesgo de estas enfermedades”. “Las dietas bajas en grasa total pueden reducir el riesgo de algunos cánceres. El desarrollo de cáncer depende de muchos factores de riesgo”. “Las dietas bajas en grasa total, y que contienen alimentos con elevado contenido de fibra dietética, como las leguminosas, cereales integrales, frutas y verduras, pueden reducir el riesgo de algunos tipos de cánceres. El desarrollo de cáncer está asociado a numerosos factores de riesgo”. Respecto de los suplementos alimentarios, el RSA establece que son productos elaborados o preparados especialmente para suplementar la dieta, con fines saludables, y contribuir a mantener o proteger estados fisiológicos característicos, tales como niñez, adolescencia, adultez o vejez. Estos suplementos pueden ser nutrientes, mezclas de nutrientes y otros componentes presentes naturalmente en los alimentos (como vitaminas, minerales, aminoácidos, lípidos, fibra dietética o sus fracciones); y sus formas de presentación pueden ser en polvos, líquidos, granulados, grageas, comprimidos, tabletas, cápsulas u otras propias de los medicamentos. La resolución 394/02 fija directrices nutricionales sobre suplementos alimentarios y sus contenidos en vitaminas y minerales. Si sobrepasan estos límites, se consideran productos farmacológicos y no pueden publicitarse como alimentos. Del mismo modo, las vitaminas o minerales que no tengan límites definidos en la resolución, tampoco pueden agregarse a este tipo de productos. En el caso de los productos destinados o provenientes de mercados internacionales, el RSA prohíbe la fabricación, tenencia, distribución, comercialización o transferencia de alimentos elaborados o envasados en el país, que, aún siendo destinados a la exportación, provengan de establecimientos que no hayan sido autorizados por la autoridad de salud competente. Los alimentos de exportación fabricados por empresas autorizadas, que no cumplan las normas de rotulación y etiquetado establecidas en el RSA, deberán llevar impreso en su envase, en forma destacada e indeleble la expresión “Clave Z”, para identificar claramente que están destinados a otros mercados externos. La normativa autoriza la producción de estos alimentos, solo para su exportación y establece que no podrán ser comercializados en el país, en ninguna circunstancia. Respecto de los aditivos alimentarios, el RSA establece que “son cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por sí misma, ni se usa como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, provoque o pueda esperarse razonablemente que provoque (directa o indirectamente), que ella misma, o sus subproductos, lleguen a ser un complemento del alimento o afecten a sus características”. El RSA permite el uso de aditivos cuando su inocuidad ha sido evaluada toxicológicamente, considerando especialmente los efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Además, solo autoriza la incorporación de un aditivo a un alimento, “si este cumple un fin tecnológico, tanto en la producción, preparación, elaboración, acondicionamiento, envasado, transporte, o almacenamiento; o contribuye a mantener la calidad nutritiva, previniendo la destrucción de componentes valiosos y permite mejorar sus características organolépticas”. Se prohíbe el uso de aditivos cuando disminuyan sensiblemente el valor nutritivo del alimento, al substituir un ingrediente importante, o al posibilitar la pérdida de componentes nutritivos valiosos, salvo cuando se trate de alimentos para regímenes especiales. Tampoco se permite su uso para disimular una calidad defectuosa o la aplicación de técnicas de elaboración o manipulación prohibidas; o cuando induzca a engaño al consumidor, respecto de la cantidad o naturaleza del alimento, o al organismo contralor, por contribuir a falsear resultados de análisis. Los aditivos se etiquetan en orden decreciente de proporciones. Primero el nombre específico, según el Codex Alimentarius; luego, el sinónimo establecido en el RSA; y a continuación el nombre genérico de la familia a la cual pertenecen (también según el RSA). Se exceptúan de esta norma los saborizantes y/o aromatizantes, que pueden declararse en forma genérica, sin detallar sus componentes, según la clasificación que les corresponda de acuerdo con el artículo 155 del RSA. LOS NUEVOS ALIMENTOS El auge de nuevas tendencias de consumo saludable y sustentable se ha traducido, en el último tiempo, en el incremento del consumo mundial de nuevas fuentes de proteínas, muchas de ellas desconocidas por la gran industria, como algas, microalgas, insectos, carne cultivada, hongos y levaduras, entre otras diversas opciones disruptivas explotadas por el ecosistema FoodTech. Parte importante de este auge se basa, asimismo, en la mayor valoración del impacto ambiental que tiene el consumo de proteínas tradicionales (particularmente las generadas por la industria agropecuaria), así como una mayor preocupación por el bienestar animal, lo que se traduce en una creciente difusión de dietas a base de ingredientes no cárnicos. Ello ha derivado en una revolución industrial que ha dado origen al concepto de “nuevos alimentos”, los que, tal como explica Víctor Rivera de ACHIPIA, “se definen en general como productos nuevos para el mercado y de alta disrupción tecnológica, que incluyen elaboraciones a base de insectos, macroalgas, microalgas, fermentación de precisión (con bacterias, hongos, algas y levaduras), células madres (cell based), impresión 3D, proteínas vegetales y micoproteínas, entre otras múltiples opciones”. Pese a su crecimiento exponencial en los últimos años, hoy no existe una definición técnica concreta para estos “nuevos alimentos”, ni tampoco se han fijado marcos regulatorios consensuados o normas internacionales de referencia. En Chile, el único acercamiento regulatorio es el artículo 3 del RSA, que establece que todos los alimentos y materias primas “deberán responder en su composición química, condición microbiológica y características organolépticas, a las nomenclaturas, denominaciones legales y reglamentarias ya establecidas”. Del mismo modo, los nuevos elementos biotecnológicos que se utilicen en los alimentos y/o materias primas alimentarias destinados al consumo humano, “deberán figurar en la nómina dictada por el ministerio de Salud para tales efectos, mediante la correspondiente norma técnica basada en evidencia científica internacionalmente aceptada”. La autorización respectiva será otorgada mediante una resolución emitida por el Servicio de Salud competente. Sin embargo, este marco es claramente insuficiente para abarcar una evolución disruptiva cada día más intensa, especialmente entre los emprendimientos I+D+i que ofrecen respuestas novedosas, creativas, ágiles y oportunas a un mercado que, precisamente, exige soluciones innovadoras. Todo esto implica la urgente necesidad de actualizar las normativas internacionales, incluyendo el RSA, para identificar las nuevas propiedades saludables y nutritivas de los alimentos producidos con ingredientes de última generación. Una mejora que requiere esfuerzos conjuntos público-privados, que incluyan también a la industria y la academia, y abran más espacios de participación al ecosistema emprendedor, cuyo ritmo de avance va siempre mucho más adelantado que la regulación, y que requiere una modernización urgente y decidida, acorde con los nuevos desafíos que hoy enfrenta la producción de alimentos seguros, saludables, innovadores, inocuos y sostenibles. GALERÍA
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