El estigma de los Alimentos "Ultraprocesados"
¿Se imagina concurrir un día al supermercado, tienda de conveniencia o almacén, y descubrir de pronto que su leche natural, quesillo o yogur griego favoritos llevan en la zona frontal de su etiqueta, un llamativo logo negro que indica “Alimento Ultraprocesado: evite su consumo”? Más aún, ¿Qué sucedería si, de un día para otro, comenzara a encontrar ese mismo sello de advertencia en todos los alimentos fortificados que se distribuyen a niños y adultos mayores en consultorios, en las preparaciones para recién nacidos, o en los alimentos funcionales enriquecidos con nutrientes de origen natural, que elaboran los emprendedores artesanales orgánicos?
Sin lugar a dudas esta situación sería, a lo menos, incomprensible para la gran mayoría de la población, pues implica encontrarse de golpe con la extraña paradoja de que alimentos diseñados específicamente para cuidar u optimizar la salud de la población serían catalogados de golpe como “poco aptos para el consumo”. Y todo ello porque, en algún punto de la caótica existencia humana, alguien decidió, de un momento a otro y sin real sustento científico, que todos los productos que contengan cierto número de ingredientes (naturales o sintéticos), deban considerarse dentro de una nueva categoría que, más que un definición técnica, conlleva un auténtico estigma injustificado: los “alimentos ultraprocesados”.
Aunque parece el guion de una comedia del absurdo, esta situación deriva directamente de un proyecto de ley presentando el 11 de octubre de 2024, por la senadora Ximena Órdenes, con el apoyo de sus pares Juan Luis Castro, María José Gatica, Alejandro Kusanovic y Francisco Chahuán; cuyo objetivo es modificar la Ley 20.606 de Etiquetado de los Alimentos, para establecer una nueva rotulación que incorpore a los así llamados “alimentos ultraprocesados” y, además, restringa su publicidad.
En particular, el proyecto propone incorporar a la mencionada Ley un nuevo criterio de rotulación que deberá identificar como “ultraprocesados” a todos los productos que contengan “más de cinco ingredientes formados a partir de procesos químico-industriales”. Además, se deberá ampliar la restricción de la publicidad dirigida a menores de 14 años, para que incluya expresamente a las “plataformas digitales y los anuncios pagados en internet”.
La propuesta de la senadora Órdenes se agregaría al actual sistema de sellos de advertencia “ALTO EN”, que se basa en el perfil nutricional de cada producto, y en la mayor o menor presencia de nutrientes críticos como calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas.
Sin embargo, a diferencia de lo establecido en el marco legal vigente, este nuevo rótulo de “ultraprocesados” no dependería exclusivamente de que el producto tenga o no, exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías. Es decir, un alimento podría cumplir los límites nutricionales vigentes o, incluso, ser considerado saludable y funcional y, a pesar de ello, ser identificado como “ultraprocesado”, si cumple el criterio de cinco o más ingredientes, propuesto por la senadora.
INCOHERENCIAS Y DIVERGENCIAS
El gran problema de este criterio, radica en que el proyecto utiliza (o más bien “copia”) una definición demasiado simplista y carente de auténtico rigor científico-técnico, al establecer que cualquier alimento que contenga “cinco o más ingredientes provenientes de procesos químico-industriales”, debe ser considerado (o más bien estigmatizado) como “ultraprocesado”.
Una categorización que no solo carece de sustento riguroso, sino que además plantea severas incongruencias técnicas y jurídicas, pues se basa en los criterios preliminares de la llamada Clasificación “NOVA”, creada por el médico brasilero Carlos Monteiro, y que clasifica como “ultraprocesadas” a “ciertas formulaciones industriales elaboradas con sustancias derivadas de alimentos y aditivos destinados a modificar sabor, color, textura, conservación o palatabilidad”. Sin embargo, esta clasificación no tiene una definición regulatoria única y universalmente aceptada y, además, ha demostrado a lo largo de los años, ser tan veleidosa y cambiante, como los prejuicios que impulsaron su creación.
De hecho, un informe preparado para la Comisión de Salud del Senado, por la Biblioteca del Congreso Nacional, advierte que la propuesta chilena es “cuantitativa”, porque usa el umbral de cinco o más ingredientes para definir un alimento como “ultraprocesado” (tal como lo hacía Monteiro cuando recién lanzó su clasificación); mientras que las propias formulaciones más recientes de la Clasificación NOVA evolucionaron a un criterio “cualitativo”, basado en la presencia de “determinados marcadores, tales como aislados de proteínas, aceites modificados, almidones modificados, colorantes, saborizantes, emulsionantes, edulcorantes y otros aditivos de uso predominantemente industrial”, cuya determinación tampoco es certera, ni rigurosa, pues no hace distinción entre aditivos naturales o sintéticos, ni de aquellos utilizados, por ejemplo, para fortificar los alimentos, como vitaminas, proteínas, aminoácidos esenciales, fibras o probióticos, por ejemplo.
Más aún, el propio MINSAL manifestó, durante las exposiciones de sus expertos ante la Comisión de Salud, que aun cuando comparte el objetivo sanitario del proyecto, la categoría “ultraprocesados” “no tiene una definición operativa única ni un consenso normativo internacional, por lo que se requiere mayor estudio para unificar criterios y legislar con evidencia concreta”.
Punto de vista que confirma la postura del Secretario Ejecutivo de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA, Dionisio Faulbam, quien pidió postergar la estandarización regulatoria hasta contar con una definición internacional más consensuada. De hecho en su intervención ante la Comisión de Salud del Senado, el 20 de julio de 2026, Faubaum, recalcó que “no existe una definición internacional consensuada de alimento ultraprocesado que pueda trasladarse directamente a una ley, y que una definición chilena apresurada podría generar problemas de interpretación, fiscalización y cumplimiento para fabricantes nacionales e importadores”.
“Además -enfatizó Faulbaum- la norma podría tener efectos sobre compromisos comerciales de Chile en la Organización Mundial del Comercio, especialmente si se estableciera un criterio nacional difícil de justificar técnicamente frente a otros países. Por eso, considero conveniente esperar la definición operativa que la Organización Mundial de la Salud comprometió para 2027, antes de fijar una categoría legal y un etiquetado obligatorio”. Una postura que fue rechazada de manera vehemente por el actual presidente de la Comisión, senador Juan Luis Castro, quien argumentó que “esta comisión no va a esperar”, aun cuando ello significa el riesgo (y también la irresponsabilidad), de legislar sin evidencia.
La postura de Dionisio Faulbaum, concuerda en algunos aspectos, con el planteamiento expresado por la doctora Susana Socolovsky ante la misma Comisión de Salud del Senado, donde concurrió (en enero pasado) invitada en su condición de experta alimentaria, y como presidenta electa de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ALACCTA).
En su intervención, Socolovsky rechazó enfáticamente el uso de la categoría “ultraprocesado” como categoría regulatoria pues, a su juicio, no es un concepto técnico reconocido por el Codex Alimentarius, ni por una norma internacional, sino que responde a una clasificación epidemiológica amplia e imprecisa, que mezcla productos muy diferentes —como, por ejemplo, yogures, pan envasado, hamburguesas y bebidas—, y que puede inducir al consumidor a pensar que todo alimento fabricado industrialmente es perjudicial.
La Doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Científica de Alimentos Certificada por la International Food Science Certification Commission del Institute of Food Technologists (IFT, Estados Unidos) también criticó con energía el hecho de que los aditivos “sean considerados como intrínsecamente dañinos”, y recordó a los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, que todos los aditivos autorizados para el consumo humano, “son evaluados por organismos de seguridad alimentaria, incluidos los comités FAO/OMS y el Codex Alimentarius”, los cuales además “establecen claramente cuáles son las condiciones y concentraciones determinadas para un uso seguro e inocuo”.
En la misma exposición, Socolovsky consideró “técnicamente defectuosa” la fórmula utilizada por el proyecto de la Senadora Órdenes, que habla de “ingredientes formados a partir de procesos químico-industriales”, pues esta delimitación “podría incluir vitaminas, minerales, colorantes, conservantes u otros componentes, sin distinguir entre ellos, ni establecer un riesgo sanitario concreto”.
En sus palabras, el problema no radica en que un ingrediente haya sido producido industrialmente, sino qué composición nutricional tiene el producto, en qué cantidad se consume y dentro de qué patrón alimentario. Por ende, Socolovsky sugirió a los senadores, regular nutrientes y porciones, antes que el grado de procesamiento, además de avanzar hacia información nutricional que también incorpore los alimentos no procesados que se venden en la calle, incentivar el consumo de verduras y frutas, y favorecer la actividad física en la población, en lugar de recurrir a medidas poco rigurosas como “simplemente agregar un sello de ultraprocesado”.
CONCEPTO SIN EVIDENCIA
Aunque las razones de fondo que impulsaron este proyecto de ley (diseñar nuevos y mejores mecanismos para combatir la grave epidemia de obesidad que afecta a la población chilena), son reconocidos y valorados de manera transversal por el mundo privado, académico y público, la metodología escogida (establecer un nuevo sello de advertencia basado en una clasificación sin rigor técnico), genera amplio rechazo entre científicos, expertos y académicos pertenecientes al mundo de las ciencias de la alimentación, pues implica, generar jurisprudencia que no estará basada en verdadera evidencia.
La propia Dra. Socolovsky fue enfática al manifestar que es insuficiente atribuir la obesidad al consumo de alimentos procesados pues, en su opinión, la obesidad “es un problema multifactorial donde intervienen factores tales como la cantidad total consumida, la densidad energética, la actividad física, los hábitos, los factores genéticos, los factores endocrinos y las condiciones del entorno”.
Opinión que comparte el Dr. Rommy Zúñiga Pardo, Doctor en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Química y Procesos, académico de la Universidad de Santiago y presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencias de la Alimentación, ALACCTA, quien precisa, en primer lugar, que “el término ‘ultraprocesado’ no constituye actualmente una categoría jurídica reconocida en el derecho alimentario internacional”
“No existe una definición armonizada adoptada por el Codex Alimentarius que permita identificar objetivamente qué alimentos deben considerarse ‘ultraprocesados’, ni existen criterios tecnológicos internacionalmente aceptados que establezcan el límite entre un alimento procesado y uno ‘ultraprocesado”; además, la OMS no ha definido el término, ni tampoco lo ha hecho la FDA, y aunque ha sido ampliamente difundido a partir de la clasificación NOVA, ésta fue desarrollada como una herramienta de investigación epidemiológica y no como una definición jurídica o regulatoria. Su aplicación depende de criterios interpretativos que han variado entre investigadores, países y estudios en distintos años, circunstancia que ha dado lugar a diferencias de clasificación para un mismo alimento”, enfatiza el Dr. Zúñiga.
El académico también recalca que el concepto de “alimento ultraprocesado” es incorrecto tanto desde el punto de vista semántico (pues “ultra” significa “en grado extremo o con exceso”, y ningún alimento está procesado de esa forma); como representativo, “ya que actualmente los así llamados ‘alimentos ultraprocesados’ están definidos en función de sus ingredientes, y no del grado de procesamiento”, reitera.
Zúñiga precisa que este error conceptual partió del desconocimiento de lo que es un proceso industrial, ya que se consideraron a las operaciones unitarias que conforman un proceso productivo de un alimento, como procesos individuales; de ahí que se consideró que los alimentos industrializados tenían un “número excesivo de procesos” y por eso estaban “ultraprocesados”.
El académico añade que posteriormente se relacionó el número de ingredientes con el concepto de “ultraprocesado”, y por eso ahora este concepto se define a partir de los tipos de ingredientes utilizados, que serían los aditivos; por lo que los ingredientes alimentarios industriales pasaron a ser "marcadores" que servirían para determinar cuándo un alimento debería ser considerado como “ultraprocesado”. Todo lo cual, en su opinión, confirma la falta de uniformidad y rigurosidad técnica de la llamada Clasificación NOVA.
Argumento que comparte Gabriel Vivanco Ocampo, presidente del Colegio de Ingenieros de Alimentos de Chile, CIACh, quien también expuso la visión gremial ante la Comisión de Salud del Senado, y quien es enfático en aclarar que el término “alimento ultraprocesado” ha sido mal utilizado por profesionales del mundo científico en Chile y otras partes del mundo, para atribuirle una falsa (e injustificada) calificación “negativa” a los alimentos procesados. “El procesamiento de alimentos nunca tuvo una relación directa con los índices de obesidad, pues hablamos de alimentos fundamentales en la dieta de infantes, personas de la tercera edad, y consumidores en general de todos los rangos etarios y socioeconómicos existentes”, puntualiza Vivanco.
MITOS RIESGOSOS
Al profundizar esta tergiversación conceptual, los expertos también coinciden en que la utilización indiscriminada y desinformada de un término que no tiene base científica real, puede acarrear graves consecuencias de distinto tipo. En ese sentido, para el Dr. Rommy Zúñiga, “la utilización de un concepto cuya delimitación permanece científicamente controvertida, introduce un importante grado de incertidumbre regulatoria, e impide que fabricantes, consumidores y autoridades puedan determinar con certeza cuáles productos quedan comprendidos en la obligación legal”.
“El principal riesgo asociado al uso de un término que no tiene validez científica -agrega el académico- es que se tomen decisiones equivocadas a nivel de políticas públicas que puedan afectar a la población. Por ejemplo, la inclusión de un sello en los envases que indique que el alimento es “ultraprocesado”, podría tener una gran repercusión al generar una percepción negativa de la población respecto de los alimentos procesados, siendo que numerosos productos que podrían estar en esta nueva categoría pueden tener un buen perfil nutricional y ser un aporte a la salud de la población, como por ejemplo los alimentos fortificados”.
Riesgo que para Gabriel Vivanco también se traduce en sensaciones injustificadas de peligro y en sesgos al momento de ejercer la decisión de compra. “No obstante, creo que el riesgo más importante está en la adopción de este término entre instituciones o autoridades del país, y peor aún, de la comunidad científica, porque son las instancias en las que el público general confía a la hora de adoptar hábitos de consumo. Por otra parte, al no haber un consenso internacional respecto a la definición, legislar con este término expone al Estado a litigios por parte del sector privado”, añade el presidente de CIACh.
Los expertos también consideran que esta creciente popularidad de un concepto sin base científica ni técnica, nace de la necesidad de “buscar culpables fáciles de identificar (y castigar) ante la crisis que implica el aumento de la obesidad en Chile”, lo cual también ha derivado en un fenómeno conocido como “quimiofobia”, que se traduce en el rechazo indiscriminado hacia todo producto que tenga origen sintético, sin importar si es beneficioso para la salud de los consumidores.
Al respecto, Rommy Zúñiga considera que ante los problemas de salud que enfrenta el planeta, muchos de estos derivados del sobrepeso y obesidad, se buscó de forma facilista a quien culpar y, por ello, se responsabilizó de esta situación a los alimentos procesados. “Es más fácil culpar a la industria alimentaria, que hacernos cargo del hecho de que no cuidamos nuestra dieta, y que no hacemos suficiente ejercicio, entre otros hábitos no saludables que son comunes en la población. Además, se ha implantado la idea de que todo lo ‘natural’ es bueno, y lo ‘químico’ es malo, siendo que en la naturaleza todo está compuesto de moléculas y sustancias químicas”, enfatiza.
Fenómeno que para el Dr. Zúñiga se amplifica gracias al “incentivo malicioso” que generan las redes sociales y los así llamados influencers, “ya que es fácil generar titulares sensacionalistas para tener más seguidores o más ‘me gusta’, sin entender completamente de lo que se está hablando o publicando”. Para hacer frente a esta ola de desinformación o, derechamente, de noticias falsas, el académico propone que “la industria y la academia deben abrirse a comunicar más y mejor, adaptarse a los tiempos y entregar en un lenguaje simple, conceptos científicos respecto de los procesos, nutrición y salud, pero con base en evidencia científica sólida”.
Opinión que comparte Gabriel Vivanco, quien también recalca que las razones detrás de la “demonización al procesamiento” provienen de la necesidad de encontrar a quién responsabilizar de la epidemia de obesidad que sufre nuestro país. A su juicio las causas de la obesidad son multifactoriales, pero en el actual universo de variables, “legislar sobre aquellas que guardan relación con el sedentarismo, como la sobreexposición excesiva al uso de internet, equipos móviles, compras remotas y otros factores similares, se torna prácticamente inviable”.
“En consecuencia -asegura-, abordar la alimentación como causa principal de la obesidad es más fácil, sobre todo entendiendo que en 2016 se puso en marcha la Ley 20.606 de etiquetado nutricional de alimentos, cuyos resultados, al ver las estadísticas actuales de prevalencia de obesidad en Chile, indican que fue una mala política pública para el fin que fue concebida”.
CONSENSOS TRANSVERSALES
Todos estos argumentos fueron abordados recientemente en el seminario “Fortificación de Alimentos y Longevidad Saludable”, organizado por la Universidad Finis Terrae y la empresa GRANOTEC, oportunidad en la que diversos expertos del ámbito público, privado y académico analizaron, precisamente, la incongruencia de que diversos alimentos diseñados para fortalecer la salud de la población, sean (injustamente) estigmatizados como “ultraprocesados”, tanto por las opiniones de “influencers”, como por una eventual legislación redactada sin evidencia científica.
En esa oportunidad, María Salomé Marioti Celis, doctora en Ciencias de la Ingeniería, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y directora del Centro de Investigación Avanzada en Nutrición y Salud (CIANS) de la Universidad Finis Terrae, manifestó que el llamado “ultraprocesamiento”, en realidad es “bioprocesamiento”, y su uso “es fundamental para contar con matrices alimentarias inocuas, seguras y saludables”.
“Por ejemplo -explicó la académica-, si me como una ensalada de algas chilenas cruda o sin procesar, puedo estar expuesta a consumir metales pesados. Pero, por el contrario, si aplico ciencia, tecnología y procesamiento para deconstruir esa matriz alimentaria, puedo extraerle lo que no debo consumir y potenciar distintos ingredientes, que además podré utilizar para fortificar otros alimentos”.
Postura que refrendó Macarena Ortiz Manrique, doctora en Nutrición y Dietética, y líder regional en Nutrición y Salud de Granotec LATAM, quien criticó la “demonización” extendida hacia los alimentos procesados, y rechazó la posibilidad de que una futura legislación sin sustento técnico afecte, por ejemplo, a los productos del “Programa Nacional de Alimentación Complementaria” (PNAC) y del “Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor” (PACAM), que podrían ser catalogados injustamente como “ultraprocesados”, solo por tener una alta combinación de ingredientes, cuando en realidad “son alimentos maravillosos y que han ayudado a fortificar la salud de la población”.
Ortiz reconoció que dentro de este universo, hay alimentos que son menos nutritivos, pero recalcó que “no todo procesamiento debe considerarse de forma negativa, porque, existe abundante evidencia que comprueba cómo hay procesamientos que han contribuido de manera decisiva a la salud de la población, como por ejemplo, el desarrollo de la leche UHT”.
A su vez, Yilda Herrera, máster en nutrición con mención en nutrición humana de la Universidad de Chile, y asesora del ministerio de Salud en estas materias, reconoció que en la propia cartera no existe consenso respecto del alcance del término “ultraprocesado”, porque, “en realidad es difícil definirlo”.
Por su parte, el doctor Francisco Pérez Bravo, doctor en Ciencias Biológicas, con mención en Bioquímica y Biología Molecular, de la Universidad Complutense de Madrid (España) y ex director del Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos, INTA, enfatizó que no se debe caer en el error de seguir de manera simplista las tendencias de otros países (como la clasificación NOVA), “porque es un camino claramente equivocado”, y como anécdota citó el resultado de un análisis realizado recientemente junto a sus alumnos, donde determinaron que todos los alimentos de los programas PCAN y PACAM, que se distribuyen a través de la red de salud nacional, así como la inmensa mayoría de los lácteos (incluso aquellos recomendados por nutriólogos y nutricionistas), serían considerados “ultraprocesados”, si se siguiera la definición original del proyecto de Ley actualmente en discusión.
Anécdota que también profundizó el Dr. Rodrigo Valenzuela, académico de la Universidad de Chile y director técnico del Comité Científico de Lácteos del Consorcio Lechero, quien moderó el conversatorio final entre los expertos, y resumió los cuestionamientos técnicos de todo el ecosistema científico y académico con una brillante pregunta directa a la audiencia: “¿Alguno de los presentes se imagina un queso fresco etiquetado con un sello de ‘ultraprocesado’?”.
PROYECTO EN PAUSA
Y si bien el proyecto de Ley que puso sobre el tapete el debate sobre la falta de rigor del concepto “ultraprocesado”, se aprobó en general en enero de 2026, por la Comisión de Salud del Senado, aún no ha sido despachado en particular por la comisión ni tampoco sometida a votación en la Sala del Senado. En consecuencia, es razonable esperar que dicho texto sea modificado sustancialmente antes de una eventual votación en sala, dado que aun cuando su objetivo general es positivo, tanto la base conceptual de la restricción, como el diseño gráfico del rótulo, las excepciones, la fiscalización y la forma de aplicar la norma, aún adolecen de severas imprecisiones.
Al respecto, el Dr. Rommy Zúñiga, recalca que la iniciativa incorpora conceptos indeterminados, como utilizar la expresión "ingredientes formados a partir de procesos químico-industriales", sin definir su alcance. “Dicha expresión no forma parte de la terminología utilizada por la ciencia y tecnología de los alimentos ni por la legislación alimentaria vigente. En la realidad, prácticamente todos los ingredientes alimentarios son obtenidos mediante alguna combinación de procesos físicos, químicos, biológicos o enzimáticos. La fermentación, la molienda, la extracción, la concentración, la cristalización, la hidrólisis o la pasteurización constituyen ejemplos de tecnologías ampliamente utilizadas, cuya inclusión o exclusión dentro del concepto propuesto resulta imposible determinar a partir del texto legal”.
Zúñiga agrega, asimismo, que el proyecto establece que un alimento será considerado “ultraprocesado” cuando contenga más de cinco ingredientes obtenidos mediante procesos químico-industriales, por lo que vale cuestionarse: “¿Por qué cinco y no seis o cuatro?”
“No existe evidencia científica que demuestre que el número de ingredientes constituya un indicador válido de riesgo para la salud o de calidad nutricional. Dos alimentos con perfiles nutricionales muy similares podrían recibir tratamientos regulatorios distintos únicamente porque uno contiene cinco ingredientes y el otro seis, sin que exista una justificación científica para esa diferencia. El número de ingredientes refleja únicamente la complejidad de una formulación, y no constituye un criterio validado para evaluar los efectos de un alimento sobre la salud”, enfatiza Zúñiga.
Del mismo modo, el académico también recalca que la evidencia demuestra que no son los mal llamados “alimentos ultraprocesados” los responsables de los índices de obesidad que sufre la población chilena, pues esta refleja un problema multifactorial relacionado con desequilibrio energético, cuando se consumen más calorías de las que se gastan. “Esto tiene relación con una dieta alta en calorías y una vida sedentaria, pero, además, se han identificado otros factores que también pueden afectar al sobrepeso y obesidad, como el nivel de estrés y la falta de horas de sueño”. Y concluye afirmando que el porcentaje de alimentos procesados que consume la población no es mayor a un 20%, “por lo tanto su incidencia en los niveles de sobrepeso y obesidad que vemos no es crítica”.
Gabriel Vivanco, en tanto, considera que este proyecto busca dar solución a un problema grave, con un diagnóstico (y remedio) deficiente. “Si queremos frenar el aumento de obesidad, hay que partir con estrategias desde una gobernanza alimentaria unificada, tal como lo hacen países como Francia y España, donde las medidas nacen desde una estrategia Nacional donde se involucran todas las iniciativas bajo un proyecto común. Se mide, se evalúa, se reformula, y se acciona de acuerdo a los resultados. Si en Chile a cada Ministerio por sí solo se le ocurren distintas formas de abordar el problema, podemos estar 100 años más tratando de mejorarlo, y todos los esfuerzos serán en vano”.
Vivanco también recalca que al mirar el gráfico de la OCDE, en 2013 Chile era el segundo país con menor obesidad de la OCDE solamente superado por Corea del Sur, cuando ya existían los alimentos procesados. Y si bien hoy la oferta de estos es mayor, también se incrementaron otros muchos factores que favorecieron este aumento de la obesidad: como la masificación de la tecnología, facilidad de acceso a internet, el auge de las redes sociales y el aumento de trastornos mentales como lo ansiedad o el estrés, asociados a los llamados “trastornos de la conducta alimentaria”, en todo el espectro etario.
Desórdenes que, en su opinión, también se exacerban por el incremento en el consumo de bebidas energéticas. En este sentido, Vivanco indica que “el CIACH propuso el reemplazo de la cafeína en estos productos por muchas otras alternativas que son naturales pero que no causan adicción, porque al pasar su efecto, generan desórdenes alimenticios que, por supuesto, nos juega una mala pasada también”.
Visiones que confirman, desde la evidencia científica y no solo desde el populismo marquetero o “digital”, que la obesidad debe combatirse de manera seria y efectiva, sin necesidad de crear conceptos tergiversados, ni de demonizar a una industria que cada día hace más y mayores esfuerzos por nutrir de manera saludable; y por cierto, legislando siempre con rigor, seriedad y evidencia.
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